Los planes de Trump para la educación pública: riesgos y críticas
La propuesta de eliminar el Departamento de Educación y devolver el control a los estados está generando preocupaciones sobre el acceso equitativo a la educación.
En su segundo mandato, Donald Trump ha propuesto reformas radicales para la educación pública, destacando la eliminación del Departamento de Educación de Estados Unidos y la devolución de los derechos educativos a los estados. Aunque esta medida requeriría la aprobación del Congreso, los expertos advierten que incluso una reestructuración menor podría interrumpir servicios esenciales para estudiantes marginados, incluidos aquellos de bajos ingresos, LGBTQ+ y comunidades de color.
Un aspecto polémico de su plan es la nominación de Linda McMahon, exejecutiva de la WWE con experiencia educativa limitada, como secretaria de Educación. Este nombramiento refuerza las preocupaciones de que la administración priorizará intereses políticos sobre las necesidades educativas fundamentales. Desde su fundación en 1980 como agencia ejecutiva, el Departamento de Educación ha desempeñado un papel clave en garantizar la igualdad de acceso a la educación y en supervisar la implementación de leyes federales de derechos civiles.
El departamento gestiona programas como el Título I, que proporciona fondos para escuelas con alta pobreza, y el Título III, destinado a estudiantes de inglés. Además, su Oficina de Derechos Civiles (OCR) investiga denuncias de discriminación en las escuelas, una función crítica que recibió un récord de 19,201 quejas en 2023. Sin estas protecciones, los estudiantes marginados podrían enfrentar mayores desigualdades.

Los críticos señalan que el enfoque de Trump podría remodelar las prioridades del departamento hacia objetivos ideológicos, como investigar supuestas violaciones de derechos civiles "antiblancos". También se teme que las reformas propuestas limiten la recopilación y publicación de datos sobre disparidades educativas, lo que dificultaría la asignación de recursos a quienes más los necesitan.
Rachel Perera, investigadora del Brookings Institute, subraya que la financiación federal, aunque representa solo el 10% del total escolar, es crucial para comunidades pobres y de color. La posible eliminación de estos fondos agravaría la situación de las escuelas más vulnerables. Por su parte, Sarah Hinger, de la ACLU, advierte que la falta de supervisión federal podría retrasar la respuesta a las necesidades estudiantiles y reducir la efectividad de programas clave.
La propuesta de Trump llega en un momento de creciente control político sobre los currículos escolares, con restricciones sobre temas como raza y sexualidad. Esta combinación de medidas plantea un panorama incierto para la educación pública en Estados Unidos, especialmente para los estudiantes más desfavorecidos. Los expertos instan a evaluar cuidadosamente el impacto de estas reformas antes de implementar cambios que podrían socavar décadas de avances en equidad educativa.